EL NEGRO DETRAS DE LA OREJA
Análisis Social Terrenero
Por José R. Bourget Tactuk, 21 de octubre, 2022
“Por encima de todo, mantengamos la dignidad”
En algunos medios de las redes sociales se nota un incremento de quejas sobre la presencia de haitianos presuntamente indocumentados en Las Terrenas y otras zonas de la provincia de Samaná.
Lo que vemos hoy en cuanto a la
presencia de ciudadanos haitianos es el resultado de un viejo, extenso y
complejo conflicto. Se podría
identificar que ese conflicto ha sido resultado de:
1) La inoperancia del control
migratorio dominicano en las fronteras por parte de civiles y militares;
2) - La facilidad existente para el
tráfico humano haitiano por parte de traficantes tanto haitianos como
dominicanos;
3) - La dependencia de la mano de obra
haitiana por parte de los empleadores dominicanos que necesitan obreros
(construcción, agricultura, seguridad, etc.);
4) - La visible indisponibilidad de obreros dominicanos dispuestos a realizar labores que ahora realizan los haitianos.
Aunque resulte duro y difícil aceptarlo, hay áreas del crecimiento económico dominicano que no podrían operar ni tener éxito sin la mano de obra haitiana, documentada o no. Similarmente, tanto el gobierno central como los empresarios dominicanos beneficiados por el tráfico de haitianos, aparentan no estar dispuestos a tomar el toro por los cuernos. Esa realidad no es de ahora y data por lo menos desde el tiempo del acuerdo para obtener braceros haitianos para que trabajaran en los ingenios del Estado (dígase, ingenios de Trujillo). El primer acuerdo formal fue realizado el 23 de febrero del 1952 y ratificado luego en dos ocasiones por Duvalier y Trujillo. Los doce ingenios del tirano fueron nacionalizados en el 1962 y al constituirse el CEA el congreso dominicano ratificó los convenios. O sea, la contrata o arrendamiento de obreros haitianos se constituyó en un acto formal del Estado Dominicano, condiciones tales que ameritó condenas de organismos internacionales por más de tres décadas, incluyendo una última condena hace apenas un año, por las condiciones deshumanizantes en la que muchos de ellos trabajaban y vivían.
Aparte de todo lo que implica analizar, estudiar y evaluar la evolución de ese tráfico formal, también debemos reflexionar sobre las implicaciones del tráfico humano informal, sobre todo después del desplome de la producción azucarera estatal. Aunque resulte duro y difícil aceptarlo, sin el tráfico informal de haitianos la economía dominicana sufriría un efecto devastador. No se trata sólo de la mano de obra disponible para el inversionista dominicano, sino también del envío de remesas a Haití que luego regresa en múltiples formas al país porque los haitianos se suplen de la producción dominicana para gran parte de sus necesidades hogareñas (alimentos y productos del hogar).
Los profundos impactos sociales y económicos del tráfico haitiano de las últimas décadas son igualmente conocidos, como lo es en la inversión que realiza el Estado en los servicios médicos provistos gratuitamente a ciudadanos haitianos y a la presencia de descendientes haitianos en las escuelas dominicanas. El dominicano promedio se refiere a esos dos impactos de manera muy negativa.
Es posible que cada vez que leemos a personas quejarse de la presencia de indocumentados haitianos en nuestro medio se hace como una respuesta emocional y de opinión prejuiciada en cuanto a los haitianos, su color de piel, su cultura, sus costumbres, su estilo de vida y su origen. Rara vez se comenta los impactos de otros factores cercanamente relacionados a la realidad terrenera, como el económico. Por mencionar un solo ejemplo, si en Las Terrenas existieran 2,000 indocumentados haitianos, alquilando habitaciones, consumiendo productos del comercio local (alquileres, comida, ropa, electricidad, transporte, gasolina, medicinas, efectos eléctricos y del hogar, etc.), es muy posible que cada uno de ellos gasta de su bolsillo un promedio de 10,000 por persona. Eso representa 20,000,000 (veinte millones) de pesos al mes que circula en la economía terrenera. Pero si en lugar de 10,000 al mes gastan 20,000 pesos, entonces hablamos de 40 millones al mes de impacto económico. ¿Podrían mantenerse los dueños de habitaciones, del comercio y otros sin 20-40 millones al mes? De hecho, es posible que el impacto económico de la presencia haitiana en Las Terrenas se acerque al millón de dólares al mes por la relación que existe no solamente con su trabajo en específico, sino con toda la cadena de producción y los beneficios que su mano de obra trae a otros inversionistas y residentes. Es lo que se llama “valor agregado”. ¿Cuántos negociantes se quejarían y cuántos quebrarían si ese millón de dólares desaparece? Ese es un análisis superficial, pero vale la pena considerarlo como un factor importante.
No nos equivoquemos, el gobierno haitiano tiene una obligación de proveerle a sus ciudadanos de documentos de identidad y el gobierno dominicano tiene la obligación de ejercer controles migratorios para toda persona extranjera. Hay grandes debilidades en esas dos obligaciones, lo cual me dirige a considerar otra factor igualmente importante y relevante.
Aunque en Las Terrenas existen también otros extranjeros indocumentados que viven en calidad migratoria irregular (como los que se quedan más de los 30 días permitidos por la visa de turista), aunque hay algunos otros de conducta reprochable y aunque haya algunos más cuyo historial y cualidades personales son potencialmente cuestionables, el dominicano promedio que critica la presencia de indocumentados no los incluye a ellos. Igualmente, cuando los autobuses de migración vienen a recoger a indocumentados sólo recoge a los haitianos. Hay algo cuestionable en ese cuadro.
Además, las quejas públicas más visibles no siempre se limitan al aspecto legal y migratorio, sino que tienden a reflejar actitudes, creencias y prejuicios denigrantes y deshumanizantes en contra de los haitianos. Los epítetos, adjetivos negativos y los insultos son dirigidos solamente en contra de los haitianos. Por eso creo que cada uno de nosotros debe hacer un profundo análisis de conciencia y considerar que las condiciones irregulares de los haitianos en el país NO TIENEN QUE RESULTAR en actitudes deshumanizantes e indignas por parte de nosotros en contra de ellos como seres humanos. Podemos protestar y podemos exigir un mayor respeto a las leyes dominicanas y demandar que nuestras autoridades cumplan con la ley y su ejecución, pero nunca deberíamos recurrir a lo más pútrido e indignante que pueda existir dentro de nosotros para referirnos a otros seres humanos en condición de fragilidad.
Los ciudadanos dominicanos que se amparan bajo el lema de DIOS, Patria y Libertad deberían ampararse más a menudo en las cualidades de ese Dios en el cual creen, el que los llama a ser ciudadanos fieles a la ley y a exigir que su gobierno haga cumplir la ley, pero sin desatar contra los indocumentados improperios, acusaciones, indignidades profundamente deshumanizantes. Condenemos el “pecado” en ambos gobiernos, pero en ese proceso no deshumanicemos al “pecador” como si fuera un pedazo de basura para echarse al zafacón. Es lo menos que podemos hacer porque es lo correcto, pero también por ser un país con cerca de tres millones de emigrantes en todas partes del mundo, muchos de los cuales están en la misma condición de indocumentación.
Mi llamada es a que mantengamos la
dignidad mutua aún cuando hagamos lo que hay que hacer: demandar la
regularización del sistema migratorio para que existan los debidos controles,
la protección a la mano de obra dominicana y las debidas seguridades a todas
las entidades envueltas en el crecimiento económico del país. No nos convirtamos en indignos representantes
de Duarte y sus valores, tampoco subyuguemos nuestros corazones a actitudes y
prejuicios totalmente desligados a la bondad y a la compasión promovidas por la
ética cívica y la cristiana. Pero, más
que nada, no nos deshumanicemos deshumanizando a los demás, vengan de donde vengan. Ante la patria y ante Dios, preservemos la
dignidad en todo ser humano, documentado o no!
